Trata y Tráfico de Personas

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Unidad de trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes

En agosto de 2004, el Estado Ecuatoriano declaró como política prioritaria el combate a la Trata de personas, Tráfico ilegal de migrantes, explotación sexual y laboral, y otros modos de explotación y prostitución de mujeres, niños, niñas y adolescentes, pornografía infantil y corrupción de menores (Decreto Ejecutivo No. 1981). Para ello, se creó una Comisión Interinstitucional encargada de la elaboración de un Plan Nacional para combatir todos estos delitos.Dos años más tarde, dicho Plan se aprobó y promulgó (Decreto ejecutivo No. 1823, Registro Oficial # 375, octubre de 2006). El Ministerio de Gobierno, hoy Ministerio del Interior, coordinó las acciones de este Plan hasta el 2009.

La elaboración y puesta en marcha del Plan contra la Trata y otros delitos motivó una serie de acciones que buscaban dar respuestas emergentes y crear mecanismos de coordinación entre diversas instituciones del Estado.La visibilización de la problemática de la Trata de Personas también generó un mayor involucramiento de las instituciones del Estado frente a la protección a las víctimas de esta grave violación a los derechos humanos.Muestra de ello es que, entre el 2007 y el 2008, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y el Instituto Nacional de la Niñez y la Familia (INFA) empezaron a apoyar con recursos económicos a dos casas de protección especializadas en la atención a adolescentes mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual. Otras instituciones del Estado también han desarrollado acciones para responder a la problemática de la Trata.

Sin embargo, a los tres años de la promulgación del Plan contra la Trata y otros delitos, se detectaron algunas dificultades y limitaciones y, como consecuencia, se vio la necesidad de actualizar este Plan. Una de las principales dificultades detectadas fue el hecho de que el Plan aprobado en el 2006 estaba enfocado en problemáticas numerosas y complejas (Trata de personas, Tráfico ilegal de migrantes, explotación sexual y laboral, pornografía infantil, corrupción de menores, etc.), lo que no permitía atender de manera profunda y especializada cada uno de los delitos materia del Plan.Una limitación con respecto a la problemática de la Trata era el hecho de que el Plan se concentraba básicamente en la Trata con fines de explotación sexual, mientras quedaban invisibilizadas otras modalidades de este delito.Para dar salida a estas y otras dificultades, se tomó la decisión de adoptar agendas de trabajo específicas, para responder de forma especializada a las diversas problemáticas materia del Plan del 2006.

En 2010, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (MJDHC) asumió la coordinación del Plan contra la Trata y otros delitos.Bajo su liderazgo se conformó un Comité de Actualización del Plan, integrado por representantes de la Secretaría Nacional del Migrantes (SENAMI), Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CNNA), Comisión de Transición hacia el Consejo de la Equidad de Género, Consejo de la Judicatura y Fiscalía Nacional del Estado. Por las circunstancias descritas más arriba, el Comité tomó la decisión de iniciar un proceso de reformulación del Plan y enfocarlo exclusivamente en la problemática de la Trata de Personas, dada la complejidad y especialidad de este delito. Las otras problemáticas abordadas por el Plan del 2006 también están siendo respondidas de manera particular y puntualizada.

La elaboración del Plan Integral contra la Trata de personas siguió un proceso participativo, en el que intervinieron activamente organizaciones de sociedad civil y cooperación Internacional comprometidas con el tema. Varias reuniones de trabajo y entrevistas personales con actores claves –nacionales y locales- se realizaron para el efecto. Con el propósito de desarrollar políticas de Estado basadas en información real y sustentada, la formulación del Plan partió de un diagnóstico preliminar sobre la problemática de la Trata de personas en Ecuador. La elaboración de este Plan también exigió revisar políticas, directrices y planes de acción adoptados a nivel internacional[1].

Los avances de la formulación del Plan integral contra la Trata de personas fueron presentados y socializados en diversas reuniones internas, así como en talleres con representantes de instituciones del Estado, sociedad civil y cooperación internacional.Para asegurar recursos para este Plan y las actividades previstas en la Agenda 2011-2013, se elaboró un proyecto de inversión que fue presentado y luego aprobado por la Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES).

Objetivo general del Plan

Establecer principios, enfoques, acciones integrales y coordinadas, y estrategias para la prevención y sanción de la Trata interna e internacional de personas en todos sus fines,atención integral y restitución de derechos de las víctimas, potenciales víctimas y sus familias, de acuerdo a las normas e instrumentos nacionales e internacionales de derechos humanos.

Objetivos específicos

1.- Profundizar en el conocimiento sobre la problemática de la  Trata de personas.

2.- Desarrollar un sistema nacional unificado de información que permita contar con datos actualizados y debidamente desagregados.

3.- Impulsar procesos de formación, capacitación, sensibilización y concienciación sobre la problemática de la Trata interna e internacional de personas en todos sus fines.

4.- Impulsar acciones orientadas a erradicar las causas que generan y naturalizan la Trata de personas, en coordinación con otras instancias del Estado.

5.- Garantizar la asistencia, protección integral, restitución de derechos y reintegración social y económica de las víctimas de Trata y sus familias, a través de programas especializados y personalizados, con enfoque de derechos humanos, presupuestos estables, permanentes y oportunos.

6.- Garantizar el acceso a la justicia a las personas afectadas por la Trata y erradicar progresivamente la impunidad y la revictimización, a través de procesos especializados de investigación del delito, sanción oportuna, personal altamente calificado y respeto a los derechos de las víctimas.

7.- Establecer y fortalecer mecanismos de coordinación y cooperación con instancias nacionales e internacionales comprometidos en la lucha contra la Trata de personas y asistencia a las víctimas.

8.- Impulsar mecanismos claros de seguimiento, monitoreo y evaluación que aseguren el cumplimiento e implementación de los principios, enfoques, estrategias y acciones del Plan Integral contra la Trata.

 

El Plan Integral contra la Trata considerará en todas sus fases de diseño, ejecución, seguimiento y evaluación los siguientes principios rectores:

a) Responsabilidad prioritaria del Estado en todas las políticas y acciones adoptadas para enfrentar la Trata de personas.

b) Primacía de los derechos humanos. Los derechos de las víctimas de la Trata personas serán el eje de todas las acciones de prevención y sanción, asistencia y protección de las víctimas y sus familias. Las medidas adoptadas para enfrentar la Trata no deberán contraponerse a los derechos humanos de las personas.

c) Trabajo articulado entre las diferentes instancias del Estado y de éstas con organizaciones de sociedad civil y cooperación internacional, que intervienen en esta problemática. El Plan Integral contra la Trata de Personas se articulará a otras políticas estatales relacionadas con el tema (Plan para la Erradicación de la Violencia de Género; Políticas de Justicia y Derechos Humanos, entre otros).

d) Igualdad y no discriminación por motivos de género, edad, nacionalidad, etnicidad, orientación sexual, situación migratoria, estado de salud, discapacidad, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva.

e) Protección integral y personalizada a personas afectadas por la Trata, potenciales víctimas y sus familias, independientemente de su colaboración en los procesos legales.

f) Interés superior de niños, niñas y adolescentes. Esto impone a todas las instituciones públicas y privadas, tribunales, autoridades administrativas y judiciales, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento.

g) Participación. Las víctimas y potenciales víctimas de la Trata son sujetos de derechos y su participación en los procesos de diseño, implementación y evaluación de las políticas anti-trata debe ser considerada como un aporte fundamental.

h) Reserva, confidencialidad y respecto a la intimidad en las acciones de rescate, la prosecución y protección a las víctimas y sus familias.

i) Políticas basadas en información sustentada. Las acciones, medidas y estrategias adoptadas deberán tomar como base las investigaciones realizadas y datos reunidos y sistematizados a nivel nacional, así como los resultados de los procesos de evaluación de las políticas implementadas.

 

Enfoque de derechos humanos: Reconoce la centralidad del ser humano y su condición de portador de derechos irrenunciables, inalienables, indivisibles e interdependientes. Este enfoque abre la posibilidad de desarrollar acciones de exigibilidad jurídica, política y social.En el caso de víctimas de Trata, este enfoque permite reconocer que las personas afectadas son sujetos de derechos y no objetos de protección.

Enfoque de Género: la Trata de personas afecta de manera diferenciada a hombres y mujeres, por lo que se hace necesario que las medidas de prevención y protección tomen en cuenta las necesidades específicas y diferenciadas de estos grupos. Las políticas anti-trata reconocerán que la violencia y la discriminación de género son causas estructurales que originan y naturalizan este delito y buscarán promover la equidad entre los géneros.

Enfoque Inter-generacional: las políticas contra la Trata deberán tomar en consideración las necesidades y capacidades particulares de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos/as y adultos/as mayores. Se reconocerá que las relaciones desiguales de poder entre adultas/os y personas menores de edad constituyen un factor que estimula y mantiene la Trata de personas, y se promoverá acciones y medidas para erradicar progresivamente este tipo de relaciones.

Enfoque de Interculturalidad: se promoverá el reconocimiento y respeto a la diversidad, a través de políticas que tomen en cuenta las identidades, expresiones y necesidades de los diferentes grupos protegidos.

Enfoque de Territorialidad. Las políticas contra la Trata de personas deberán tomar en consideración las manifestaciones particulares de esta problemática en los territorios.Los diagnósticos locales, planes de desarrollo regional, provincial, cantonal y demás conocimientos locales serán indispensables para la formulación, implementación y evaluación de acciones y medidas anti-trata.En todo este proceso también se tomará en cuenta y se fortalecerá a gobiernos locales, redes sociales e institucionales de representación territorial que trabajan en la temática de la Trata de personas.

 

Este Plan tendrá como población objetivo a todas las personas que han sido víctimas de la Trata en sus diversos fines –sean mujeres, hombres o personas transgénero, tanto adulto/as como menores de edad-, sus familias y entornos sociales, así como a potenciales víctimas de esta problemática. Las acciones de prevención estarán destinadas a la población en general.

Serán considerados grupos prioritarios de atención de este Plan:

  • Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y personas con discapacidad que han sido víctimas de la Trata interna e internacional en todos sus fines.
  • Población de zonas altamente vulnerables a la Trata interna e internacional, especialmente personas menores de edad, jóvenes, mujeres y personas con discapacidad.
  • Refugiadas, refugiados y solicitantes de refugio; migrantes internos e internacionales.

El Plan también está dirigido a:

  • Decisores y ejecutores de política pública: autoridades del gobierno central y gobiernos locales.
  • Ejecutores de políticas y proyectos: funcionarios y funcionarias de organizaciones no gubernamentales que intervienen en la problemática de la  Trata de personas
  • Instancias internacionales que trabajan en el tema: organismos de cooperación internacional.

En forma indirecta:

  • Población en general que recibirá información especializada sobre el tema, especialmente comunicadores y comunicadoras sociales que transmiten contenidos sobre esta problemática.

 

“Conjunto de políticas, estrategias, proyectos, acciones, entre otros, que deben ser programadas y coordinadas para generar conciencia sobre la dimensión y gravedad del problema”, y lograr que las diferentes instancias del Estado y sectores sociales comprometidos con el tema articulen respuestas efectivas.Estas respuestas deberán incluir: acciones que apunten a modificar las causas estructurales y factores de vulnerabilidad que promueven la Trata interna e internacional de personas en todos sus fines; políticas y programas que propendan al cambio de patrones socioculturales que alimentan y mantienen este delito; medidas de regulación y control que impidan la proliferación y naturalización de los casos de  Trata de personas.

Protección Integral y Reparación-Restitución de Derechos

Es la garantía que ofrece el Estado a víctimas, potenciales víctimas y a sus familias, independientemente de su colaboración en los procesos legales, y en concordancia con los instrumentos nacionales e internacionales de derechos humanos. Esta garantía incluye, entre otras acciones: adoptar medidas que protejan la integridad física de las personas afectadas; promover servicios de atención integral y con personal especializado que brinde asistencia médica, psicológica, social, legal y educativa, así como oportunidades de empleo, educación y capacitación que faciliten la reintegración social y económica de las víctimas. Los espacios de acogimiento y la información adecuada y oportuna son parte del proceso de protección integral.Un paso previo a la protección, sin embargo, es la identificación de las víctimas, requisito imprescindible para que éstas puedan acceder a los servicios de asistencia y protección.

Junto a las acciones arriba mencionadas, la protección contempla la reparación que se refiere a la posibilidad que se debe dar a los individuos para que accedan a un recurso eficaz con el objeto de aliviar el daño sufrido. La reparación incluye: la restitución, indemnización, rehabilitación (atención legal, social, médica, psicológica), satisfacción (a través de sanciones, disculpas públicas, etc.) y garantías de no repetición (por ejemplo, a través de reformas institucionales).

 

Investigación-Sanción y Acceso a la Justicia

La judicialización de los casos de Trata debe ser vista como parte del proceso de protección integral a las víctimas, pues brinda a estas personas acceso a la justicia y procura la reparación de los daños ocasionados.

Uno de los primeros pasos que se pone en acción en el sistema judicial es la investigación, que, a través de un proceso especializado, lógico, legal y pertinente, tiene por objeto establecer si un hecho constituye un delito y determinar quiénes son los/as responsables. La sanción, en cambio, busca la reparación de las víctimas por los hechos cometidos, y de la sociedad en tanto que al sancionar este delito se erradica la impunidad.

 

Coordinación y Cooperación

Son acciones, estrategias y mecanismos que aseguran la participación articulada de las diferentes instituciones –públicas y privadas- que intervienen en la problemática de la Trata, garantizando intervenciones más eficaces y coherentes, así como una mejor utilización de los recursos.

“Los mecanismo de coordinación y cooperación permiten el intercambio de información, la planificación estratégica, la división de responsabilidades y la sostenibilidad de los resultados”. Las acciones de coordinación y cooperación deben darse tanto a nivel nacional –entre diferentes instituciones del Estado y entre éstas y organizaciones sociales comprometidas con el tema-, así como a nivel internacional, entre países de origen,  tránsito y destino de las víctimas de la Trata.Los mecanismos de coordinación y cooperación deben partir por establecer de manera clara las funciones, roles y competencias de las instituciones que intervienen en la política pública anti-trata.

Producción de conocimiento: desarrollar información actualizada, tanto cuantitativa como cualitativa, sobre la naturaleza, dimensiones, causas y consecuencias de la Trata interna e internacional de personas en todos sus fines, que permita la formulación de políticas más sustentadas y la toma decisiones adecuadas.

Comunicación: desarrollar estrategias informativas para diferentes grupos poblacionales, con el fin de sensibilizar y concienciar sobre la magnitud y dimensión de esta problemática.

Fortalecimiento Institucional: fortalecer a las instituciones del Estado central y gobiernos autónomos descentralizados para que tengan mejor capacidad institucional y técnica de elaborar e implementar políticas articuladas frente a la  Trata de personas, así como evaluar las acciones y estrategias adoptadas.

Trabajo en Red: promover políticas, acciones y medidas articuladas y coordinadas entre los diferentes sectores comprometidos con el tema (Estado, sociedad civil, sector privado, iglesias, gobiernos autónomos descentralizados, etc.).

Transformación de patrones socioculturales: aportar en la transformación de prácticas e imaginarios sociales que naturalizan y promueven el delito de Trata de personas en todos sus fines, a través de procesos de información, sensibilización, concienciación y capacitación.

 

Para asegurar el cumplimiento de los principios, enfoques y estrategias de este Plan, así como de las acciones prioritarias que se incluyen en la Agenda 2011-2013, se conformará un Comité Interinstitucional contra la  Trata de Personas, presidido por el Ministerio del Interior a través de la Subsecretaría de Garantías Democráticas y la Unidad contra la Trata de Personas y Trafico de Migrantes. La Comisión Interinstitucional está integrada por un 1 delegado/a y 1 suplente de las siguientes instituciones:

  1. Ministerio del Interior
  2. Ministerio de Inclusión Económica y Social.
  3. Ministerio de Relaciones Laborales
  4. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración
  5. Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
  6. Ministerio de Educación
  7. Ministerio Coordinador de Desarrollo Social
  8. Ministerio Coordinador de la Seguridad
  9. Ministerio de Salud Pública
  10. Ministerio de Turismo
  11. Comisión  de Transición hacia el Consejo de la Igualdad de las Mujeres y Equidad de género
  12. Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia
  13. Defensoría del Pueblo
  14. Secretaría Nacional del Migrante. SENAMI
  15. Fiscalía General del Estado
  16. Policía Nacional
  17. Consejo Nacional de la Judicatura

El Comité Interinstitucional invitará a participar en sus actividades a delegado/as de otras instituciones del Estado, entre ellos la Defensoría del Pueblo y los ministerios ejecutores vinculados a la temática de la Trata: Ministerio del Interior, MIES-INFA, Ministerio de Educación, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Relaciones Laborales (MRL), Ministerio de Turismo, Secretaría Nacional del Migrante. También se invitará a representantes de organizaciones locales, organismos de cooperación internacional y especialistas nacionales o internacionales en el tema, así como a representantes del sector productivo que pueden aportar en acciones de prevención y, sobre todo, en programas de reinserción laboral para las víctimas de Trata y sus familias.

El Comité Interinstitucional será una instancia de decisión política, coordinación, seguimiento y evaluación de las acciones, medidas y estrategias frente a la Trata de Personas. Sus funciones serán las siguientes:

a. Establecer mecanismos de coordinación entre las diferentes instituciones públicas y privadas que trabajan en la problemática de la Trata de personas en diversas provincias del país, y articular actividades conjuntas;

b. Promover el establecimiento de un sistema de información unificado sobre la Trata de personas en Ecuador, tanto interna como internacional y en sus diversos fines;

c. Incentivar y apoyar procesos de formación permanente, investigación y producción de conocimiento sobre la Trata de personas en Ecuador;

d. Procurar el fortalecimiento de las instancias locales que trabajan en la temática de la Trata de personas, especialmente de las redes y mesas interinstitucionales anti-trata;

e. Promover la participación activa de sociedad civil en espacios de toma de decisiones;

f. Procurar la articulación con países de origen,  tránsito y destino de las víctimas de la Trata de personas, así como con organismos regionales e internacionales comprometidos con el tema;

g. Adoptar mecanismos claros que permitan la evaluación regular y permanente del cumplimiento de las políticas formuladas en el Plan Nacional para la Prevención y Sanción de la Trata de personas y Protección integral de las Víctimas y su Agenda plurianual;

h. Elaborar la Agenda plurianual, tomando en cuenta las evaluaciones realizadas y con participación activa de organizaciones sociales y organismos de cooperación internacional que trabajan en el tema.

El Comité Interinstitucional se reunirá una vez por trimestre para dar seguimiento a las acciones incluidas en su Agenda. Anualmente se organizará una reunión ampliada con participación de organizaciones sociales y organismos de cooperación internacional que trabajan en el tema, con el propósito de evaluar y ajustar las acciones planificadas. Se mantendrán reuniones extraordinarias cuando sus integrantes así lo consideren. El Comité conformará comisiones de trabajo si así lo considera necesario.

El Comité Interinstitucional contra la Trata de Personas contará con una Secretaría Técnica adscrita al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. La Secretaría Técnica será un órgano ejecutivo y asesor, conformado por profesionales especializado/as en la problemática de la Trata de personas, y con conocimiento en planificación y política pública.

La Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional, junto con los Ministerios Coordinadores, promoverá que la problemática de la Trata sea incluida en las agendas sectoriales, planes anuales y plurianuales y presupuestos de los ministerios ejecutores.

La Secretaría Técnica también se encargará de coordinar las acciones materia de este Plan en los territorios. Para ello se articulará con los gobiernos autónomos descentralizados, redes interinstitucionales y mesas anti-trata, organizaciones sociales locales comprometidas en la lucha contra la Trata de personas, y otras instancias que permitan la concreción de la política en los territorios.

La Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional contra la Trata de personas apoyará la realización de procesos de evaluación independiente. Esta instancia también garantizará procedimientos claros, transparentes y democráticos en la contratación de servicios requeridos para llevar adelante las acciones previstas (consultorías u otros procesos de contratación).

La Secretaría Técnica presentará informes trimestrales y anuales al Comité Interinstitucional, sobre las actividades y funciones realizadas.

El Comité Interinstitucional contra la Trata de Personas funcionará con recursos propios de las instituciones integrantes. La Secretaría Técnica del Comité deberá gestionar los recursos adicionales que se requiera para la implementación de las líneas de acción incluidas en la Agenda plurianual. El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, por medio de la Secretaría Técnica, administrará los recursos provenientes del Estado, cooperación internacional o financiamiento privado nacional e internacional. Los recursos provenientes de donaciones privadas y cooperación internacional serán objeto de reglamentación para asegurar el destino exclusivo a los fines de este Plan.